Hoy en día el paisaje es percibido como un bien
común con un elevado sentido integrador en la definición y personalidad de los
territorios, aunando la valoración que suma la integración de las
características del territorio y su reivindicación como seña de identidad y
referencia. El paisaje,
como imagen global de un territorio, es valorado como un bien de dominio
público, como recurso social, económico y cultural, y su correcta gestión aglutina
un elevado y patente carácter indicador del desarrollo sostenible de un territorio
y ha sido utilizado para poner en marcha políticas de
valorización paisajística.
En esa línea parece situarse la propuesta de Sierra de Gata Paisaje Cultural, loable empeño donde concurren
distintas administraciones (Diputación de Cáceres, Gobierno de Extremadura) y
muchos administrados (empresarios, colectivos y ciudadanos de Sierra de Gata en
general). Desde luego, argumentos no faltan en Sierra de Gata: toda una
diversidad de enclaves donde, sin grandes monumentalidades ni espacios virginales, a los
elementos naturales se suma la memoria cultural de la acción del hombre y los
testimonios de sus ritmos vitales: desde el cercado a la vereda empedrada, de
los elaborados bancales a las sabias acequias y el primor de los huertos. Un
paisaje que por naturaleza es dinámico y cambiante en la medida en que muda el
territorio que lo sustenta, sobre el cual convergen procesos de cambio y
valoración por el decaimiento de los usos tradicionales que lo sostenían y las
nuevas funcionalidades que se superponen sobre esa trama física y humana.
Ese es el contexto en el que hoy en día se debate
el paisaje gateño. Un paisaje que en muchas ocasiones ha evolucionado mediante
ritmos impuestos, ajenos a la comarca. Un paisaje en el cada verano suele dejar
algunos telones negros a causa de los incendios. Un paisaje donde pese al impulso
de valorización como recurso y marca territorial aún intervienen actores a
contracorriente de la misma y con gran capacidad de transformación,
especialmente cuando son actores de la propia administración pública.
El caso más reciente ha tenido lugar en el
municipio de Gata, donde se ha realizado la construcción de una pista forestal
por parte de los Servicios Forestales de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio ambiente y Energía. Visible desde buena parte de los
aledaños de la comarca por su gran impacto visual y paisajístico, los Servicios
Forestales se han empleado a fondo en la construcción de una pista forestal en
el monte público nº 14"La Sierra", propiedad del Ayuntamiento de
Gata. Es una zona serrana de fuertes pendientes, robles, abundantes berrocales
graníticos y cabecera de manantiales y arroyos. Se trata, en suma, de parajes
de reconocido valor ambiental y paisajístico en las zonas mejor conservadas en
el municipio de Gata y en pleno corazón de la Sierra de Gata, en Las Jañonas, a
los pies de monumentos comarcales tan simbólicos como el castillo de La
Almenara. Toda la zona se ubica en plena zona ZEPA "Sierra de Gata y
Valle de las Pilas" y también LIC "Sierra de Gata", integrados
en Red Natura 2000.
Castillo de La Almenara, testigo de los viejos y los nuevos tiempos.
A modo de muestra e los valores ambientales se
puede indicar que se trata de una zona de campeo de la cercana colonia de
buitre negro del Valle del Árrago, que en Extremadura está catalogado como
«sensible a la alteración de su hábitat» por el Decreto 37/2001, de 6 de marzo,
en el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura
y que cuenta con el Plan de Conservación del Hábitat del
Buitre Negro en Extremadura (ORDEN de 6 de junio de 2005, DOE nº 71, 21 de
junio de 2005).
En relación al lince ibérico, catalogado "en
peligro de extinción" tanto en Extremadura como en España, la zona de
actuación recibe la catalogación de "prioritaria" en el Plan de
Recuperación del lince ibérico en Extremadura (ORDEN de 27 de mayo de 2004, por
la que se aprueba el Plan de Recuperación del Lince Ibérico en Extremadura, DOE
nº 69, 17 de junio de 2004).
Tramos de arranque de la pista, sobre una pista anterior
ajustada al berrocal entre la masa forestal de pinos y robles, con fuertes pendientes.
Por su planteamiento y dimensiones, la pista en
cuestión tiene más trazas de carretera que de infraestructura forestal, con una
anchura de 7 metros,
lo cual da idea de la sensibilidad con la que se ha realizado. Se desconoce si
la obra disponía de estudio de impacto ambiental o condicionado ambiental para
evitar afecciones en Red Natura. De haber existido, más allá del trámite
burocrático no parece que hayan planteado excesivas limitaciones, aparte de las
propias de la construcción en un medio serrano de fuertes pendientes, cabecera
de arroyos y abundantes roquedos graníticos, aparte de que dada su localización
y altitud esta pista es visible desde grandes distancias.
Estas pistas, como otras actuaciones similares
denunciadas en las vecinas Hurdes, se conciben más como obras públicas que
actuaciones de mejora forestal, lo cual implica que los presupuestos sean mucho
mayores (casi 200.000 euros de presupuesto inicial), aunque se realizan bajo la
excusa de "mejoras forestales" para la defensa frente a incendios. Toda
una paradoja porque donde se ha intervenido no es precisamente una zona de
elevado riesgo (grandes berrocales, pastos y robles), y por el contrario se
abren nuevas vías de acceso a enclaves hasta ahora poco transitadas, lo cual
conlleva precisamente el peligro asociado a facilitar a los pirómanos el acceso
rodado a zonas sensibles pues está comprobado que la mayoría de los incendios
en la zona tienen una clara intencionalidad.
Estos argumentos de vulnerabilidad ya se indican en
las fichas descriptivas de los valores de la ZEPA y LIC (se pueden descargar
desde www.extremambiente.gobex.es)
indicando que los caminos y pistas "se magnifican" de manera que se
crean amplias pistas como accesos de calidad a zonas con escaso tránsito, incidiendo
en la vulnerabilidad a los incendios por la intencionalidad de su origen,
favoreciendo el riesgo de erosión por las pendientes y las precipitaciones
abundantes así como las pertinentes molestias a la fauna y el proceso general
de fragmentación del territorio.
Otra circunstancia añadida es que estas actuaciones
se financian con fondos europeos FEADER para el medio rural destinados a la
“mejora del medioambiente y entorno rural", en una comarca como Sierra de
Gata donde precisamente desde hace muchos años se invierten también fondos
europeos para reivindicar otras formas de desarrollo rural donde la
preservación de los valores ambientales y el paisaje son considerados como un
pilar esencial para su desarrollo pero que desde organismos tan significativos
en la gestión del medio natural como los Servicios Forestales de la propia
administración regional parecen no sentirse comprometidos. En el caso de Gata
casi el 80 del término (zona serrana, sin La Moheda) está incluido en monte
público gestionado por la administración forestal.
Es preciso que lo que desde el territorio se
apuesta como seña de identidad, bien de interés común, patrimonio colectivo y
recurso, sea tenido en cuenta desde los distintos niveles de competencia
administrativa y las políticas sectoriales que emanan de las mismas, a veces
profundamente contradictorias. Tanto desde la responsabilidad individual como
ciudadanos y, especialmente, desde la responsabilidad colectiva representada
por las autoridades locales y comarcales, debemos exigir la necesidad de que
los distintos proyectos de intervención pública respondan a las verdaderas
necesidades de las zonas y sean cuidadosos en el respeto a la idiosincrasia de
estos lugares.
Es necesario que la administración asuma un mayor
compromiso en la defensa de una gestión más racional del territorio que
administra, una mayor sensibilidad acorde a las catalogaciones y
reconocimientos que los definen. Especialmente la administración forestal, con
responsabilidad directa en la gestión de muchas miles de hectáreas en Sierra de
Gata, y también de los ayuntamientos, titulares de dichos terrenos.
Debemos exigir que los gestores públicos sean los
primeros en dar ejemplo con el cumplimiento riguroso las políticas, programas,
estrategias y planes que además forman parte del ordenamiento jurídico, porque
de lo contrario generan importantes agravios comparativos con respecto a los
ciudadanos a los que la administración exige el cumplimiento de la legislación
que ella no observa. A ello se suma la evidencia de derroche asociado al gasto
de fondos públicos para políticas totalmente contradictorias, lo cual es
directamente reprochable e injustificable especialmente en los tiempos actuales.
José Antonio Mateos Martín
