Con todos los matices intermedios, en general todas las sierras del norte cacereño participan de elementos de marcada identidad paisajística en el contexto extremeño, constituyendo una referencia que trasciende nuestro propio ámbito regional.
Más allá de las consideraciones estéticas, el paisaje hoy es percibido como un bien común con un elevado sentido integrador en la definición y sentimiento de los territorios, aunando la valoración que suma la caracterización biofísico/ambiental y la reivindicación como seña de identidad y referencia. Es un bien de dominio público valorado como recurso social, económico y cultural, y su correcta gestión es indispensable para asegurar un desarrollo sostenible que posibilite la permanencia de la población al territorio.
Su importancia queda recogida de modo explícito en la Convención Europea de Paisaje (Florencia 2000), instrumento legislativo para la protección, la gestión y la ordenación de los paisajes europeos, en vigor desde marzo de 2004 y también suscrita por España.
Esto es especialmente asumido en las políticas de ordenación y desarrollo territorial desde las escalas comarcales y locales (ámbito de los programas LEADER y Proder), donde los modelos y lecturas del paisaje se dotan de un sentido patrimonial como recurso integrador de lo natural y lo cultural, traduciendo asimismo el compromiso de cada comarca con su territorio y responsabilizándose del valor que le atribuye para su identidad. La importancia de estas políticas constituye el soporte básico de las actuales trazas administrativas del Desarrollo Rural. A ello se suman valoraciones sectoriales como el turismo, con notables bases asentadas precisamente sobre el ensalzamiento y valoración de los paisajes, ampliamente difundidos en pósters y folletos.
La identidad paisajística que caracteriza el norte cacereño es resultado de un dilatado proceso de integración entre la acción del hombre y el medio serrano, con sus bondades y sus limitaciones. Un paisaje donde, sin grandes monumentalidades, a los elementos naturales se suma la memoria cultural de la acción humana y sus testimonios: desde el petroglifo a la vereda empedrada, de los elaborados bancales a las sabias acequias y el primor de los huertos. Un paisaje que por naturaleza es dinámico y cambiante en la medida en que muda el territorio que lo sustenta, sobre el cual convergen procesos de cambio y valoración por el decaimiento de los usos tradicionales que lo sostenían y las nuevas funcionalidades que se superponen sobre esa trama física y humana.
Aparte de la propia dinámica que emana del territorio y sus habitantes, buena parte de esas nuevas funcionalidades y los procesos de cambio importantes casi siempre provienen de la acción de las administraciones públicas, sobre todo regionales. El caso más representativo de esta situación son los proyectos de parques eólicos, y en este caso tampoco son ajenas las autoridades locales, especialmente algunos alcaldes.
En el caso extremeño, hasta ahora libre de ellos, el proceso actualmente en marcha se caracteriza por la absoluta falta de transparencia y marcada cicatería evidenciada, especialmente, por parte de los pertinentes responsables de la administración autonómica, aunque a la confusión han contribuido algunas autoridades locales, esgrimiendo intereses variopintos y repentinamente comprometidos con la problemática ambiental planetaria. Desde luego, las prisas sobrevenidas en la tramitación administrativa de los proyectos eólicos inducen a la sospecha sobre la dudosa validez como procedimiento administrativo y en cualquier caso adolecen de los más mínimos requerimientos de adecuada difusión y valoración por parte de la sociedad, que es de lo que deben tratar las fases de información pública, teniendo en cuenta la previsible incidencia e capacidad de transformación asociada al volumen de proyectos presentados en toda Extremadura.
No cabe duda de que las energías renovables, en concreto la energía eólica, constituyen una alternativa válida y viable a las otras formas de producción de energía más contaminantes y peligrosas. Esto no debe eximir, a todos los efectos, la consideración puramente industrial de los artefactos eólicos. En consecuencia, y por sus propias características y requerimientos, la instalación de centrales eólicas modificará de forma notable el paisaje, dando origen a una considerable transformación de sus rasgos físicos, alteraciones en los ecosistemas y a una contaminación visual, entre otras afecciones. Ese mismo paisaje tan proclamado en pósters y libros de gran formato.
Es necesario que lo que desde el territorio se apuesta como seña de identidad, bien de interés común, patrimonio colectivo y recurso, sea considerado desde los distintos niveles de competencia administrativa y las políticas sectoriales que emanan de las mismas, a veces incluso contradictorias. Y ello es especialmente relevante en lo relacionado con los proyectos de obra pública (red viaria, abastecimiento, saneamiento, etc), ocasionalmente muy “duros” frente a la imagen “verde” que suelen trasladar los folletos y la cartelería de los departamentos de turismo de esas mismas administraciones.
Tanto desde la responsabilidad individual como ciudadanos y, especialmente, desde la responsabilidad colectiva representada por las autoridades locales y comarcales, debemos exigir la necesidad de que los distintos proyectos de intervención pública respondan a las verdaderas necesidades de las zonas y sean cuidadosos en el respeto a la idiosincrasia de estos lugares, con unos criterios sustentados en la integración y la atención al detalle que responda a su especificidad y sus valores diferenciadores.
